SANTO DOMINGO.- El presidente Luis Abinader dispuso medidas con el fin de prevenir y perseguir las invasiones y ocupaciones irregulares de propiedades privadas y del Estado dominicano.
La disposición resalta que es de alto interés para la presente administración preservar la seguridad nacional y el orden público así como la protección del derecho de propiedad consignado en el artículo 51 de la Constitución de la República.
«Asimismo, se señala que el Gobierno dominicano ha luchado durante años por asegurar la efectiva tutela del derecho de propiedad, que resulta hoy en día particularmente relevante para fortalecer la seguridad jurídica, por lo que deben tomarse todas las medidas necesarias para impedir las ocupaciones irregulares o invasiones a la propiedad privada», indica.
Las medidas dispuestas en el decreto 668-22 incluyen la creación de una unidad especializada en la Policía Nacional para la prevención y persecución de las referidas acciones.
EXTRANJEROS SERIAN PROCESADOS Y EXPULSADOS
El Mandatario ordenó que los extranjeros que sean debidamente procesados por incurrir en los referidos delitos, serán expulsados conforme a las atribuciones constitucionales y no podrán regresar al país.
Para ello dio instrucciones al Ministerio de Interior y Policía, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Dirección General de Migración y la Policía.
Asimismo, instruye a esos órganos que en el marco del debido proceso y de conformidad con la ley procedan con la persecución y sometimiento a la justicia de aquellos extranjeros que participen en ocupaciones ilegales de terrenos de propiedad privada o pública.
En relación a los extranjeros para con los que se compruebe la comisión de las violaciones de propiedad privada, se instruyó también al director de Migración para que ejecute su expulsión del país e impida de manera definitiva ingresar nuevamente a territorio nacional.
«El Ministerio de Relaciones Exteriores debe instruir a los consulados de la República Dominicana establecidos en los países de origen de los ciudadanos extranjeros que incurran en la violación de la ley que señala el presente decreto, a establecer un registro particular, con el propósito de que estos ciudadanos no puedan optar jamás por ningún tipo de visado o permiso de entrada al territorio así sea en calidad de turista o de residente», indica el decreto.
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