Foto archivo
La falta de fiscales y de personal de asistencia ha ralentizado las investigaciones de casos de corrupción administrativa que tienen en curso las procuradurías de Persecución del Ministerio Público y Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
“Siempre se necesita personal, pero estamos haciendo el trabajo”, explicó una fuente ligada al órgano acusador, al ser preguntada sobre la falta de fiscales y de investigadores del Ministerio Público para dar respuestas a decenas de casos de corrupción que parecen dormir en el olvido.
Por ejemplo, después de iniciar con tanta intensidad la investigación de las apropiaciones de terrenos del Estado, que alegadamente envuelve un fraude de 19 mil millones de pesos y que involucra a 109 imputados, encabezado por el exministro de Hacienda Donald Guerrero y el exadministrador del Banco de Reservas Simón Lizardo, el caso se ha frenado de forma repentina.
Hay otros casos en la Procuraduría General de la República, cuya investigación lleva más de dos años, como es el de las supuestas irregularidades cometidas en la compra de 11 mil 500 millones de pesos en la contratación de asfalto.
El 10 de septiembre del 2020, el director general de Contrataciones Públicas (DGCP), Carlos Pimentel y la directora de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), Milagros Ortiz Bosch, apoderaron al órgano acusador del expediente relacionado con la compra de RD$11 mil 500 millones de hormigón asfáltico caliente por parte del Ministerio de Obras Públicas (MOPC).
Ambos funcionarios argumentaron que existen suficientes indicios de que en el proceso auspiciado durante la gestión de Gonzalo Castillo hubo irregularidades y violaciones a la Ley 340-06, de Compras y Contrataciones del Estado.
La Dirección de Contrataciones Públicas constató que las irregularidades de los procedimientos de excepción realizados por el Ministerio de Obras Públicas coinciden en gran parte con las denuncias realizadas por la periodista Alicia Ortega.
No hay comentarios:
Publicar un comentario